Varios religiosos y directivos de centros educativos agustinos recoletos participan desde este lunes en el diplomado sobre prevención en la Iglesia del CEPROME.
Siguiendo el compromiso de la Orden de Agustinos Recoletos con la protección del menor y la creación de entornos seguros en sus ministerios, varios religiosos y miembros de equipos directivos de centros educativos agustinos recoletos participan desde este lunes y hasta el 14 de febrero en el diplomado ‘La prevención en la Iglesia latinoamericana’, organizado por el CEPROME (Centro de protección de Menores) de la Universidad Pontifica de México, en Ciudad de México. El diplomado capacitará a los asistentes en la prevención de abusos y protección del menor, otorgándoles los conocimientos para la detención de problemas y la creación de protocolos.
El diplomado, que se encuentra en su segunda edición, tratará temas diversos relacionados con el asunto principal. Las charlas y talleres irán desde el abuso intrafamiliar o el papel de las víctimas en la Iglesia a la comunicación de crisis o el abuso en el entorno digital. Organizado por el CEPROME, cuenta con el apoyo del CELAM y de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Participarán sacerdotes, religiosos y laicos provenientes de 22 países.
El CEPROME y la Orden de Agustinos Recoletos mantienen actualmente importantes lazos de colaboración. El sacerdote mexicano Daniel Portillo, coordinador del curso, es además miembro de la Comisión de Protección del Menor de la Orden de Agustinos Recoletos. Asimismo, entre el profesorado del diplomado ‘La prevención en la Iglesia latinoamericana’ se encuentra el agustino recoleto Antonio Carrón, profesor en el Centre for Child Protection de la Universidad Gregoriana de Roma y consejero general de la Orden.
Este curso de formación se engloba dentro de las acciones que la Orden de Agustinos Recoletos ha puesto en marcha a nivel internacional para la formación de religiosos y laicos responsables de sus ministerios. Para hacer seguimiento de ello, la Orden cuenta con una Comisión que se encarga de establecer criterios y vigilar la correcta utilización de los protocolos y planes de protección del menor.