Los tres obispos tienen sus diócesis en el Estado de Pará, localizado al norte de Brasil, en la selva amazónica. La desembocadura del río Amazonas está en este Estado y ahí mismo se encuentra la prelatura del agustino recoleto José Luis Azcona.
Este Estado es uno de los mayores centros de corrupción y violencia institucional del país, además de ser uno de los que sufre mayor devastación de la selva amazónica con unos intereses económicos que se llevan por delante vidas humanas e inmensas extensiones de tierra.
Además de los tres obispos hay un sacerdote amenazado. Estas amenazas suelen producirse mediante llamadas telefónicas, cartas anónimas, correos electrónicos y hasta artículos en prensa. El 26 de febrero salió a la luz una conversación telefónica grabada por la policía en la que se ponía precio a la cabeza de uno de los obispos: un millón de reales (375.000 euros).
Según el periódico El Liberal, de Belém do Pará, capital del estado, la “lista de la muerte” en ese estado tiene 100 nombres, entre ellos los tres obispos y el sacerdote arriba mencionados. Todos ellos forman parte del Programa Estatal de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos.
Derechos humanos
Las actuaciones de Mons. Azcona en favor de los Derechos Humanos tienen un largo historial. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso de los Diputados de Brasilia ha recibido largos informes firmados por el propio obispo denunciando la situación de las presas en las cárceles de la zona, por las muertes en masa ocurridas en el municipio de Anajás (dentro de su Prelatura) por una enfermedad desconocida ante la que las autoridades sanitarias no respondieron con responsabilidad, o por epidemias de malaria.
Según el Programa Nacional de la ONU, el IDH en la Prelatura de Marajó es del 0,627, su renta per cápita es una cuarta parte de la media nacional y más del 40% de las familias viven por debajo de la linea de la pobreza. El 85% de los habitantes sería completamente dependiente de los programas asistenciales del gobierno del Estado para sobrevivir.
En una reunión con políticos católicos de la zona, Azcona denunció la "tiranía del poder municipal" en una de las ciudades de su Prelatura, en la que el ayuntamiento llegó a boicotear un encuentro de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Estado.
Denunció también el tráfico de mujeres: "Hay una mafia poderosa que comanda un esquema con lucros increíbles. Un traficante consiguió unos beneficios de 35.000 reales (13.000 euros) con la venta de una mujer. Jesucristo es masacrado en la dignidad de las personas de la región", dijo.
El obispo llegó a denunciar a un juez de comarca por su supuesta participación en fiestas que promovían el sexo con menores. El tráfico de mujeres ha sido uno de los problemas sociales que más problemas ha traído a la sociedad local. La Iglesia ha actuado en este caso poniéndose al frente de las investigaciones y denuncias.
Por último, Azcona también ha actuado como declarante en la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre el tráfico ilegal de animales y plantas silvestres de la fauna y flora brasileñas.
Solidaridad episcopal
Mons. Erwin Krautler, Obispo de Xingu, Mons. José Luiz Azcona Hermoso de Marajó; y Mons. Flavio Giovenale, Obispo de Abaetetuba, son los prelados amenazados. Los tres pastores gobiernan diócesis que pertenecen al Estado de Pará (noreste del país).
"Nos solidarizamos con los obispos que actualmente por causa del Evangelio, sufren persecución y hasta amenazas de muerte. Cualquier agresión contra ellos nos afecta a todos nosotros, sus hermanos en el ministerio episcopal, y al pueblo a quienes ellos sirven con celo sin temores y con corajosa profecía", indicó la CNBB.
"En Cristo, somos uno solo con ellos y con las personas que ellos defienden: los pueblos indígenas; las mujeres, niños y adolescentes que el tráfico de seres humanos instrumentaliza, que la explotación sexual vende y las drogas matan".
"Apoyamos también su empeño en la defensa del medio ambiente que la ganancia devasta con nefastas consecuencias para la vida humana", destaca el texto.
De acuerdo con el episcopado, "sus luchas son, por tanto, nuestras luchas, sus sufrimientos son nuestros sufrimientos".
El Episcopado expresó su solidaridad con los prelados amenazados y con las personas que ellos defienden: los pueblos indígenas, las mujeres, niños y adolescentes que el trafico de seres humanos instrumenta, que la explotación sexual vende y las drogas matan.
Finalmente los obispos exigieron a las autoridades investigaciones serias y protección para los amenazados. Su vida es preciosa para el pueblo que defienden y para nosotros que somos solidarios. Basta de violencia.