Según informa la agencia de prensa de las Obras Misionales Pontificias, la mesa redonda contó, entre otros participantes, con la misionera comboniana Gabriella Bottani, milanesa residente en Porto Velho, Rondônia, y perteneciente a la dirección de la red “Un grito por la vida”. Aportó datos reales, verificando la situación de esta realidad en Brasil. Esta cita informativa sobre tráfico de drogas y de personas consiguió reunir a prácticamente toda la sociedad civil de Lábrea.
El convocante fue el obispo agustino recoleto, Monseñor Jesús Moraza. Junto a él participaron el alcalde del Ayuntamiento de Lábrea, Evaldo Gomes, y el secretario de Educación. También participó la cámara municipal de concejales; la policía militar; el Consejo Tutelar de Menores; el Centro de Referencia Especializada de Asistencia Social (CREAS); las iglesias evangélicas; y dos psicólogas, una de Lábrea y otra de Canutama.
Se pudo reflexionar sobre el tráfico de personas, el tráfico de órganos, la explotación sexual comercial o no comercial de menores y mujeres, y la difícil situación de la infancia. Tuvo como conclusión que ambas realidades crecen, se fortalecen y se ceban con los habitantes de esta región del sur del Estado de Amazonas donde evangelizan los Agustinos Recoletos.
Denuncia
Los municipios de Tapauá, Canutama, Lábrea y Pauiní, que integran la Prelatura de Lábrea, cuentan con un grave problema: la intrínseca unión entre tráfico de personas, tráfico de drogas (el Purús es una de las rutas de distribución de estupefacientes más importante entre Bolivia, Perú y Brasil) y una cierta impunidad general que hace necesaria una mayor inversión en políticas públicas y de seguridad, así como una más ágil administración de justicia.
La cámara de concejales, que representa al poder legislativo local en el sistema jurídico y político brasileño, se mostró abierta a recibir ideas y proyectos que saquen a los más jóvenes de esas situaciones de riesgo y vulnerabilidad que viven frente a las mafias del tráfico.
Falta de recursos
Por otro lado, se abordó la falta de recursos de las familias frente a esta realidad. La mayor parte de los casos de tráfico de drogas y explotación sexual de personas se dan dentro del ambiente familiar, con frecuencia entre parientes.
Desde este espacio de diálogo y reflexión, se invita a la sociedad local a hacer frente a estos graves delitos contra los derechos humanos, que consisten en tratar a las personas más vulnerables como mercancía que puede ser comercializada. Para ello es necesario la denuncia pública de situaciones como el tráfico humano, el tráfico de drogas, el trabajo esclavo y la explotación sexual de niños y adolescentes.
Sólo mediante la denuncia pública muchos de estos casos, que se conocen y viven en el ambiente familiar y privado, podrán ser tratados y ofrecerán las pistas necesarias para una investigación y para poner a los responsables verdaderos bajo la ley.